#diocesisdecelaya @diocesis_celaya Cárceles en América: Reflejo de una cultura de muerte

El argentino Gustavo Fondevila, académico del Centro de Investigación y Docencia de México (CIDE) es una de las personas que más y mejor conoce las prisiones continentales. Al comparar seis significativos países como son Brasil, Argentina, Chile, Perú, El Salvador y México, llegó a esta conclusión: las prisiones con menor índice de violencia entre los presos y las que tienen menor tasa de maltrato por las autoridades son las que controlan los reclusos.

Pero el problema, en muchas de nuestras peores cárceles, estriba en que no son los reclusos, sino los pranes (*) y pandillas más peligrosas, las que ejercen dominio. En Latinoamérica, los infiernos carcelarios, verdaderos depósitos de seres humanos, son los peores criminales allí encerrados quienes deciden sobre vidas, pertenencias y hasta sobre la rutina de lo que entra y sale, de lo que se hace o deja de hacer. Es la manera como los gobiernos se confiesan impotentes ante el desastre carcelario, pero es también resultado del poco interés que las sociedades muestran por los más olvidados. El olvido es la más cruel de las sanciones y lo que se haga por los presos no da votos.

Ante la indiferencia de las autoridades gubernamentales, el delito encuentra en las cárceles su mejor oportunidad. Esto ha llevado a la proliferación de ONGs y organizaciones civiles a ocuparse directamente de la denuncia y seguimiento de la situación.

Carlos Nieto Palma, abogado, especialista en derechos humanos y coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad, destaca que en los penales trabajan a discreción líderes negativos, los que en realidad llevan el control total de lo que se hace tras las rejas y dirigen todos los negocios muros adentro. Cobran una especie de “vacuna” periódicamente a cada recluso para su protección dentro de la cárcel. “Controlan el ingreso de armas, drogas, alcohol, teléfonos celulares, la prostitución, la extorsión y planificación de robos, secuestros y sicariatos montados desde la cárcel por ellos y bandas externas que están bajo su control, trabajando coordinadamente”.

Los peores de estos penales se encuentran en Brasil, Venezuela, México, Chile, Perú, Bolivia, Honduras, Haití, República Dominicana y Argentina. Chile tiene la tasa de homicidios más alta de la región dentro de la prisión. Entre las cárceles más brutales del mundo, varias están en Latinoamérica y dos se mencionan como las más peligrosas: la de Sabaneta de Venezuela y Lurigancho de Perú.

Durante los últimos 20 años se han producido varios motines carcelarios en Latinoamérica, con elevado saldo de internos muertos y heridos graves. Y es que, al menos diez países de América Latina tienen sus cárceles superpobladas en más de un 200%, según informes de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), una organización que reúne a 20 defensorías del pueblo. Dentro del ranking de esta organización, Haití es el que detenta la peor situación, con una ocupación carcelera del 416%. Detrás de este país, le siguen El Salvador (320%), Venezuela (270%) y Bolivia (257%).

Entre otros países que cuentan con una tasa superior al 200% están Guatemala (252%), Perú (219%) y Ecuador (205%). De acuerdo a datos de la Defensoría del Pueblo de Paraguay en promedio, el hacinamiento es del 131% pero este número aumenta a 333% en el caso de su penitenciaria de Tacumbú, en la capital de este país.

Las condiciones en estos penales son paupérrimas y la situación repercute en una saturación en la atención de salud que reciben los reos, en su seguridad y en un desgaste en la convivencia con sus compañeros.

Hace pocos días, se produjo un hallazgo macabro en la Penitenciaría General de Venezuela, una cárcel temible ubicada en San Juan de Los Morros, estado Guárico. En una fosa común se encontraban 15 cadáveres.

Ante el atroz descubrimiento el pasado 9 de marzo, Aministía Internacional, que ha venido recibiendo información del Observatorio Venezolano de Prisiones sobre la denuncia de desapariciones en las cárceles venezolanas así como de la posible existencia de fosas comunes, instó al gobierno nacional a identificar a la brevedad los restos de las víctimas, así como la reparación necesaria para los familiares y recordó al gobierno venezolano que “debe proteger todas las pruebas y poner todos sus esfuerzos en realizar la pronta identificación de los restos y la búsqueda de justicia y reparación para los familiares de las víctimas”.

Los obispos venezolanos fueron los primeros en reaccionar ante esta noticia. A través de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), pidieron a las autoridades del país investigar y esclarecer de forma urgente el hallazgo de una fosa común con 15 cadáveres en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV). En un comunicado emitido este 17 de marzo, expresaron su consternación por el “terrible descubrimiento” de esta fosa común que “traduce la vulneración a derechos fundamentales como la vida, y la presunción de penas, torturas y tratos crueles e inhumanos y degradantes, que atentan contra la integridad física, psíquica y moral de cualquier ciudadano”.

(*) Pran, aunque es un término originariamente carcelario en Venezuela, en la actualidad se ha popularizado y hoy en día hablamos de pranes en distintos sectores externos a los recintos penitenciarios, todos vinculados al mundo de la delincuencia y el crimen.

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