#diocesisdecelaya @diocesis_celaya Los cuatro retos de Estados Unidos se resumen en uno: inmigración de indocumentados

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cocina un nuevo cuestionario para las personas de cualquier parte del planeta, sean como sean, que soliciten un visado de entrada a Estados Unidos.

La lista de preguntas que harán los cónsules y los agentes autorizados para expedir visados a Estados Unidos, que incluirá, entre otras cuestiones, preguntas sobre perfiles en redes sociales durante los últimos cinco años e información biográfica que se remonta a unos quince años atrás.

Por otra parte, John Kelly, secretario de Seguridad Nacional considera que la dependencia a su cargo enfrenta cuatro retos fundamentales, todos considerados una amenaza para el país: la inmigración de indocumentados; la delincuencia transnacional; la trata de personas y el terrorismo.

Sin reparar en la identificación entre inmigrantes indocumentados y terroristas, el secretario Kelly hizo referencia al presupuesto del año fiscal 2018 (que comienza a ejercerse en Estados Unidos a partir del 1 de octubre de 2017) en el cual la administración del presidente Trump pretende disminuir el número de indocumentados y establecer un cerco en su contra.

Cuando hace apenas tres semanas se hizo público el proyecto de presupuestos para 2018 presentado por el presidente Donald Trump, quedó claro cuáles son los intereses fundamentales de su administración; entre ellos quizá el más importante (la propuesta enviada al Congreso es de 1,200 páginas) es hacer cambios de fondo en políticas migratorias buscando asfixiar, por diversas vías legales, financieras, educativas, entre otras, a los inmigrantes indocumentados que residen en los Estados Unidos.

​La cadena de televisión hispana *Telemundo* ha investigado el proyecto de presupuesto de Donald Trump en materia de inmigración y estos son los puntos más importantes del que podría ser un año fiscal de terror para cerca de 11.5 millones de personas que residen en Estados Unidos sin la documentación legal, y los cerca de 650,000 que intentarían cruzar la frontera norte de México ese mismo período.

​Solicita 2,700 millones de dólares adicionales para aumentar la seguridad fronteriza y el control de la inmigración, un incremento de casi 7 por ciento para el Departamento de Seguridad Nacional. De este dinero saldrían 1,600 millones de dólares para la construcción del muro en la frontera con México.

Propone que cualquier persona que reclame el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) o el Crédito Tributario por Hijo (CTC), a la hora de declarar sus impuestos, debe presentar un número de seguro social y estar legalmente autorizado para trabajar en Estados Unidos. Esto haría que a miles de indocumentados se les haga imposible realizar este trámite y que, por lo tanto, dejen de recibir este beneficio del que gozan todos los residentes legales y los ciudadanos.

Se incluye una partida de 239 millones de dólares para la compra de aviones y otros medios aéreos que contribuyan a identificar y rastrear los cruces de indocumentados en la frontera. Además, solicita 202 millones de dólares para mejorar el equipamiento (vehículos, radios o computadoras) de la Patrulla Fronteriza.

Pide 197 millones de dólares para la compra de tecnología de punta para vigilancia, así como la construcción de torres de vigilancia, y la instalación de radares, cámaras y sensores, necesarios para la detección de cruces ilegales en la frontera.

Contempla además 111 millones de dólares para la construcción y mantenimiento de carreteras, lo que haría más fácil el acceso de la Patrulla Fronteriza a no pocas zonas donde se dificulta el acceso.

Se solicitan más fondos para el Departamento de Seguridad Nacional: 100 millones de dólares para cubrir el trabajo de 20,000 agentes de la Patrulla Fronteriza, así como para la contratación y el entrenamiento de 500 oficiales nuevos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) recibiría 185,9 millones de dólares para contratar a 850 funcionarios migratorios, 150 investigadores y 805 integrantes del personal de apoyo. También se prevé que 125 nuevos abogados se incorporen al ICE para representar al gobierno federal en las cortes migratorias y en casos sobre deportación.

Otros 500 millones de dólares serían utilizados para costear el transporte, aéreo o terrestre, de quienes serían repatriados. Con 1200 millones de dólares más se espera aumentar la capacidad de los centros de detención de ICE, sobre todo en el incremento de camas y en la manutención de los detenidos antes de ser deportados.

Cualquier comparativo con una zona de guerra es mera coincidencia.

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